7 diciembre, 2021

El costo de haber aplastado la rebelión de abril es alto para el gobierno de Nicaragua

No hay que olvidar que la política no es estática, siempre hay que estar revisando las tácticas, manteniendo la estrategia en la búsqueda de salir de la crisis.

Oscar René-Vargas

Segunda entrega

El 13 de agosto, el allanamiento, asalto e “investigación” policial en contra del diario La Prensa mostró el agravamiento de la escalada represiva del régimen Ortega-Murillo en contra de los medios de comunicación independientes, lo cual ha generado el rechazo y condena de la comunidad nacional e internacional.

Ortega-Murillo quieren ser reelectos, tras haber encarcelado a los siete principales aspirantes opositores a la presidencia. Otros 26 opositores han sido detenidos desde el pasado 02 de junio, como parte de los 140 presos políticos que están encarcelados desde el 2018. Ortega declaró que los detenidos no son opositores sino criminales y terroristas.

Se ha entrado en una fase crítica, donde el régimen utiliza toda la capacidad policial, judicial y carcelaria del Estado para barnizar de legalidad lo que en realidad son flagrantes abusos de autoridad y deliberados actos de censura. Ortega intenta crear las condiciones para mantenerse en el poder hasta 2026 con el respaldo de las fuerzas armadas y la Policía, a la vez que prepara la sucesión dinástica.

Habiendo aplastado militarmente la rebelión de abril de 2018, su estrategia ha sido evitar que las fuerzas opositoras utilicen la coyuntura electoral para fortalecerse, eliminar la competencia electoral y dejar que participen solamente los partidos comparsas; pero lejos de resolver la crisis sociopolítica la profundiza a niveles insospechados y cuyos resultados finales no están escritos en piedra.

Las sanciones que EEUU, Canadá y la Unión Europea han impuesto a los familiares directos de Ortega y a miembros del círculo de poder por violaciones a los derechos humanos y corrupción van creando un cerco de aislamiento al régimen, pero no han impedido los planes de continuidad en el poder de Ortega-Murillo.

En agosto de 2021, el FSLN decide abandonar la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) incrementando su aislamiento internacional.

Ortega, señalado de crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales de derechos humanos tras la represión de las protestas de abril 2018 que dejaron un saldo de 328 muertos, no ha sido acusado internacionalmente porque Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, el órgano judicial encargado de enjuiciar los crímenes más graves de derecho internacional.

Mañana: Crisis diplomática y aislamiento internacional

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