23 septiembre, 2021

Víctimas de guerra deben ser pagadas por el Presupuesto de la República

Francisco Samper Blanco

La guerra en la década de los ochenta del siglo XX trastornó a toda la sociedad nicaragüense, y en especial afectó a los que se involucraron directamente en el conflicto. El artículo 56 de la Constitución Política establece que “El Estado prestará atención especial en todos sus programas a los discapacitados y los familiares de caídos y víctimas de guerra en general” reconociendo a los afectados de ambos bandos que participaron en el conflicto.

El decreto 1488, que data desde agosto de 1984 estableció a los empleadores cotizar el 1.5% sobre la nómina salarial para financiar las prestaciones de las víctimas de guerra. Esa cotización se ha mantenido en el trascurso del tiempo y es visible en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social.

En realidad, las víctimas de guerra requieren el apoyo y la solidaridad de la sociedad nicaragüense. Sin embargo, debemos de señalar que no le compete al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social financiar ni administrar las pensiones de las víctimas de guerra y de sus familiares, ya que su objetivo es la protección de los trabajadores afiliados y de protegerlo ante las contingencias de la vida, financiado con las contribuciones de los asegurados.

De ahí que en reiteradas ocasiones he planteado que las pensiones de las víctimas de guerra deben ser financiadas a través del Presupuesto General de la República, porque es justo que ese sector de la sociedad sea compensado por los efectos que sufrieron o sufren a consecuencia del conflicto bélico.

Los datos

Los anuarios estadísticos del INSS no desagrega el monto que recibe la institución por el 1.5% sobre la nómina salarial, lo que dificulta conocer si el programa de víctimas de guerra se logra financiar total o parcialmente con ese aporte; pero desagrega los beneficiarios y montos de las pensiones que son entregadas a las víctimas de guerra y sobre este aspecto me refiero a continuación de forma breve.

En el 2007 había un total de 19,073 pensionados de víctimas de guerra de los cuales: 12,215 correspondía al sector sandinista, equivalente a 64 por ciento del total de pensionados y 6,858 del sector de la resistencia, equivalente a un 34 por ciento.

Para el 2019, el total de pensionados se elevó a 30,528, de los cuales: 23,152 del sector sandinista, equivalente a 76 por ciento del total de pensionados y 7,376 al sector de la resistencia equivalente a un 24%. Observamos entonces que el primer grupo se incrementó en 89.5 por ciento, mientras el segundo grupo aumentó apenas en 7.5 por ciento.

¿Qué pasó? Anotemos los incrementos significativos en el período 2007-2019: los pensionados del Ejército Popular Sandinista en el 2007 eran de 2,294, para el 2019 se elevó a 9,626, para un incremento de 7,332 pensionados; los pensionados combatientes en el 2007 no había ninguno, para el 2019 se elevó a 2,615.

Veamos que ocurre con el monto total de las pensiones: En el 2007 se pagó C$132.98 millones de córdobas equivalente a U$7.21 millones de dólares; en el 2019 se pagó C$992.34 millones (casi mil millones de córdobas) equivalente a U$30.90 millones de dólares, o sea, se incrementó 4.3 veces en dólares corrientes.

Ciertamente, los datos o el comportamiento de incremento de los pensionados generan más dudas que respuestas. Es difícil conocer el porqué de ese comportamiento, porque no tiene lógica que aumente la cantidad de pensionados a medida que transcurran los años después del conflicto bélico. No obstante, proponemos algunas indicaciones.

Indicaciones puntuales

Ante esta situación presentamos las siguientes indicaciones puntuales.

  • Reitero, el programa de pensionados de guerra debe financiarse con los fondos del Presupuesto General de la República.
  • Para financiar total o parcialmente las pensiones del Ejército Popular Sandinista y de los combatientes recomendaría establecer un impuesto especial y progresivo a las empresas comerciales y de lucro que tiene el actual Ejército nacional.
  • Integrar una comisión independiente para elaborar un estudio sobre los pensionados de víctimas de guerra.

Es obvio, que la aplicación de estas indicaciones solo es posible con la conquista de la democracia y del Estado de Derecho.

Economista y abogado

Francisco Samper Blanco

Seguridad Social y otros temasColumna semanal que se publicará los días martes donde se analizan los problemas de la Seguridad Social en el país y temas específicos derivados del mismo. Se pretende abordar hechos de actualidad económica y jurídica que permita a los lectores elaborar sus propios juicios de valor.

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