3 diciembre, 2021

Antecedentes de abril 2018: Los “caramelos envenenados” de la política tributaria

El Cosep reacciona ante la reforma de Ortega al INSS en abril de 2018 / NM

Durante el mes de abril, Nuevas Miradas publicará textos, videos y fotos de la gesta juvenil de abril de 2018, con el objetivo de refrescar la memoria de quienes ahora dicen haber estado al lado de los muchachos que iniciaron una lucha que está a punto de culminar. Los jóvenes de abril no lucharon por diputaciones, ni por competir en un proceso electoral sin condiciones, lo hicieron para cambiar un sistema. La memoria histórica de abril ofrecerá a los actores de la rebelión y cómo ha sido su metamorfosis, también.  

Francisco Antonio Samper B. (*)

En política económica el gobierno del señor Ortega mantiene abierta la puerta de la calle para negociar con la cúpula empresarial y limita los contactos esporádicos con los trabajadores, incluyendo a sus sindicatos adláteres, por la puerta trasera. Un punto visible sobre este comportamiento político se visualiza en la aplicación del impuesto sobre la renta del trabajo, es decir el impuesto a los salarios e ingresos de los trabajadores.

Observemos. La Ley de Concertación Tributaria (LCT, Ley No. 822) entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2013. El artículo 17 de dicha Ley estableció que se encuentra exenta del impuesto sobre la renta los primeros cien mil córdobas (C$100,000.00) de renta neta, o sea, que los trabajadores que devengan ingresos iguales o inferiores a ese monto neto anual no pagarán el impuesto. Ese valor anual equivale a C$8,333.34 córdobas mensuales.

Han pasado más de cinco años y se mantiene invariable ese monto, pese a que el córdoba ha perdido poder adquisitivo o se ha devaluado. Al primero de enero de 2013, los 8,333.34 córdobas eran equivalentes a 345.37 dólares; esta misma cantidad en dólares es equivalente a 10,740 córdobas al 15 de marzo del presente año. En otras palabras, basado en la devaluación monetaria, el monto que debería de estar exento del impuesto sobre la renta debería de corresponder a 128,880.0 córdobas anuales y no los C$100.0 mil córdobas que mantiene congelado la Ley de Concertación Tributaria.

En verdad, es ridículo que el impuesto sobre la renta se pague a partir de los 8,333.34 córdobas y el salario mínimo del sector construcción (los que devengan los ayudantes de la construcción), vigente desde el 1 de marzo del 2018 sea de C$8,884.60 córdobas mensuales.

En ese mismo orden, es también absurdo que se pague impuesto a partir del monto antes señalado y la canasta básica tenga un costo mensual de C$13,338.15 (a febrero de 2018, según las estadísticas del Banco Central de Nicaragua). De tal manera, que el gobierno del señor Ortega cobra impuestos a los sectores laborales con bajos salarios. Como dice el dicho popular, a los trabajadores “les llueve” “albarda sobre aparejo”: bajos salarios y pago de impuestos.

Pero, ¿qué ha ocurrido? La Ley de Concertación Tributaria fue reformada por la Ley No. 891, publicada en la Gaceta No. 240 del 18 de diciembre de 2014; no obstante, el régimen desperdició la oportunidad de actualizar el monto exento para pagar el impuesto sobre la renta. Más bien, a través de esa Ley, el gobierno entregó “caramelos envenenados” a los asalariados nicaragüenses, afectando especialmente al debilitado sector medio de la población y a los profesionales del país. Me explico. La Ley de Concertación Tributaria (Ley No. 822) en su artículo 23 estableció las tarifas (tasas o porcentaje aplicable) del impuesto sobre la renta que van del 15% aplicado al tramo de ingresos anuales que va de C$100.0 mil a C$200.0 mil hasta un 30% para los ingresos anuales mayores de C$500.0 mil.

En el último párrafo del artículo 23 se instituía una reducción de la tarifa (tasa o porcentaje aplicable) del impuesto sobre la renta. Literalmente este párrafo decía: “Esta tarifa se reducirá en un punto porcentual cada año, durante los cinco años subsiguientes, a partir del año 2016. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Acuerdo Ministerial, treinta (30) días antes de iniciado el período fiscal, publicará la nueva tarifa vigente para cada nuevo período”. Es decir, la tasa del impuesto sobre la renta disminuiría en 5 por ciento en un periodo de cinco años.

Resulta que el literal a) del artículo quinto de la Ley No. 891 antes mencionada, derogó de un solo tajo la disposición señalada en el párrafo anterior: se deroga “el último párrafo del artículo 23” expresa el mandato. De tal forma, que la política tributaria del gobierno de Ortega es una espada de doble filo, mantiene exprimido a los trabajadores de bajos salarios (congela la base exenta) y somete con “caramelos envenenados” a los profesionales y sectores medios (deroga la norma), afectando su capacidad adquisitiva.

Se requiere, mediante la acción ciudadana, una reforma inmediata a la Ley de Concertación Tributaria (LCT) que permita incrementar la base exenta y restablecer el último párrafo del artículo 23 de la LCT. No es necesario, como sugirió un reconocido dirigente de la cúpula empresarial, esperar que se abra un proceso global de negociación, sobre los temas tributarios y financieros (caso INSS), entre el gobierno y la alta dirigencia de los empresarios, para realizar una reforma tributaria puntual.

Además, con la reducida transparencia que se maneja este país, los nicaragüenses no sabemos a qué atenernos: si a la trama que se presenta en el escenario, o a las intrigas negociadoras que se desarrolla en la penumbra de los entretelones. Pero en realidad, una vez que se cierra la puerta de la calle no se sabe que sucede detrás de la misma. La oscuridad es total.

(*) Economista y abogado

fsamperb@hotmail.com

Artículo escrito desde el 17 de marzo de 2018 y no publicado.

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