13 junio, 2021

Malabarismo “legal” con Resolución bajo la sombra y silenciosa que afecta a asegurados del régimen facultativo del INSS

 

Nuevas Miradas le da la bienvenida a un nuevo colaborador de la sección “Mi Palabra” periodismo de opinión. Se trata del especialista en temas de seguridad social, licenciado Francisco Samper Blanco.

 Francisco Samper Blanco

Economista y abogado

 La reforma

El pasado 18 de marzo el diario La Prensa informó de la Resolución 28/345 del Consejo Directivo del INSS. Esta Resolución data del 19 de enero de 2021 y reforma el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social. Hasta dos meses después se conoció públicamente de dicha Resolución.

El artículo 34 del Reglamento dice literalmente: “Los asegurados facultativos tendrán derecho a las mismas prestaciones y en igual cuantía que las que se otorgan a los asegurados obligatorios, excepto los subsidios por enfermedad y maternidad durante el primer año de la inscripción y pago de las cuotas.”

La Resolución 28/345 en su parte medular expresa literalmente:

Los asegurados facultativos que se incorporen al régimen integral con el objetivo de obtener cobertura en salud incluyendo las enfermedades de alto costo tendrán derecho a las mismas prestaciones médicas y de servicios que las que se otorgan a los asegurados obligatorios, excepto las prestaciones económicas por subsidios.

Los asegurados cesantes que soliciten su inscripción al régimen integral del seguro facultativo con el objetivo de obtener cobertura de salud incluyendo las enfermedades de alto costo no tendrán derecho a las prestaciones económicas. Excepto los asegurados que conservan su derecho según lo establecido en el artículo 35 del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social”.

Como podrá observarse, la Resolución elimina por completo la prestación económica de los subsidios para los asegurados facultativos que se incorporan al sistema, mientras que en el Reglamento los subsidios se podían obtener después de un año de haberse inscrito en el seguro facultativo. Es decir, los asegurados facultativos que se incorporen al régimen integral ya no tendrán derecho al subsidio cuando se enfermen (tenían derecho al 60 por ciento sobre el ingreso declarado) o el subsidio de descanso por maternidad. La Resolución mantiene las prestaciones médicas y de servicios.

En cuanto a los trabajadores cesantes (los trabajadores que pierden su empleo), que quieren optar por el seguro facultativo tendrán que cumplir con los parámetros establecidos por el artículo 35 del Reglamento para tener derecho al subsidio económico. Este artículo dice literalmente: “Los asegurados cesantes que soliciten su inscripción al Seguro Facultativo dentro de los tres meses a su cesantía y que además acrediten ochenta o más cotizaciones semanales dentro de los últimos tres años anteriores a su solicitud tendrán derecho a las prestaciones económicas en igual forma que los asegurados obligatorios.” O sea que un trabajador que quedó sin empleo tendría un plazo de tres meses para inscribirse en el seguro facultativo para no perder el derecho del subsidio económico. Realmente, es casi imposible que un trabajador desempleado, que en su inmensa mayoría vive “coyol quebrado, coyol comido” para decirlo coloquialmente, pueda realizar tal proeza.

¿Por qué eliminan la prestación del subsidio?

¿Por qué eliminan la prestación del subsidio? Según el acta de la Resolución 28/345 lo justifica diciendo que “existe una cantidad considerable de solicitudes… enviada por potenciales asegurados o asegurados cesantes que manifiestan la necesidad imperiosa de protección por el sistema de seguridad social ante las contingencias de enfermedades que representan un alto costo de atención en el régimen voluntario…” Según esta declaración del Consejo Directivo del INSS, parece que existe legiones de personas queriéndose afiliar al seguro facultativo para obtener la cobertura de salud y de paso lograr el subsidio económico. Analicemos esta aseveración.

Al respecto, señalemos que el salario promedio nacional del trabajador formal de Nicaragua corresponde apenas a C$10,990.00 córdobas según las cifras del Banco Central de Nicaragua y los salarios mínimos del país están fijado de C$ 4,491.00 para el sector agropecuario hasta C$9,880.00 para el sector construcción y financiero. Por su parte, los subempleados o trabajadores informales (que son la inmensa mayoría de los trabajadores) devengan ingresos menores que los salarios mínimos.  Recordemos también que la cotización para el seguro facultativo es de 22.25%, o sea, una persona que declare un ingreso de C$10 mil córdobas, tendría que cotizar la cantidad de C$2,250.00, lo cual es un monto altísimo. Un asegurado obligatorio paga por ese mismo ingreso la cantidad de C$700.00 de cotización.  Con esos reducidos ingresos que devengan los trabajadores y la elevada cotización del seguro, consideramos que es poco creíble la justificación del Consejo Directivo del INSS: de que los trabajadores independientes o informales estén ansiosos de inscribirse en el seguro facultativo. Más bien, la medida de eliminar una prestación social tiene un efecto boomerang desalienta la incorporación de nuevos afiliados al seguro facultativo.

Adicionalmente, señalemos que la cantidad de afiliados en el seguro facultativo ha tenido una caída vertiginosa. Según el Anuario Estadístico del INSS en el 2017 había 155,134 afiliados (bajo el régimen integral y en el régimen IVM), mientras que en el 2019 era de 52,144 afiliados, para un decrecimiento absoluto de 102,990 afiliados. Pero ahora resulta, que tienen una gran cantidad de solicitudes, o sea, que hay un montón de ciudadanos merodeando las oficinas del INSS prestos y ávidos de lograr el servicio de salud del seguro social.

Lo real es la grave situación financiera y económica de la institución. Para el 2021 el déficit del INSS se proyecta en U$227.58 millones de dólares, según el Presupuesto General de la República 2021. De tal manera que la medida del Consejo Directivo del INSS debe de estar inmersa en la crisis del INSS y lo que pretenden es “rebuscar” “rascar” de donde sea para poner un pequeño parche al gran agujero dejado por la inadecuada administración de la institución.

¿Es legal la reforma al artículo 34 del Reglamento?

Aquí cabe preguntarse, ¿es legal la reforma al artículo 34 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social con una Resolución del Consejo Directivo del INSS? A mi criterio no es legal. Si bien es cierto que la Ley de Seguridad Social le confiere al Instituto la atribución de establecer, organizar y administrar los diferentes regímenes del Seguro Social (artículo 4, literal “a” de la Ley) y el Consejo Directivo es la autoridad superior del Instituto (artículo 12 de la Ley), sin embargo, la Ley no faculta al Consejo Directivo reformar el Reglamento de la misma, lo cual debe de hacerse a través de un Decreto Ejecutivo. Es decir, el Consejo Directivo del INSS debió de haber enviado la Resolución 28/345 al Ejecutivo, para que este lo ratifique mediante Decreto Ejecutivo y posteriormente lo publica en La Gaceta.

Los integrantes del Consejo Directo saben que no pueden reformar el Reglamento de la Ley, por eso lo hicieron a través de la vía de hecho. Precisamente, se puede observar en la Resolución 28/345 que no mencionan por ningún lado el artículo 34 del Reglamento, pese a que lo están modificando. Malabarismo “legal” con una Resolución bajo la sombra y silenciosa.

Finalmente, ¿Qué sucede con los que ya están afiliado en el seguro facultativo?

Mi criterio: de conformidad a la literalidad de la Resolución los que ya están afiliados al seguro facultativo mantienen su derecho de la prestación económica del subsidio y que cumplan con lo preceptuado por el artículo 35 del Reglamento. La Resolución dice: “Los asegurados facultativos que se incorporen al régimen integral…” Los afiliados antes del 19 de enero de 2021 ya estaban incorporados. Además, la propia justificación del Consejo Directivo aduce que la medida es porque “existe una cantidad considerable de solicitudes”.  Algunos analistas consideran que la medida afecta a todos los afiliados del seguro facultativo, a los que ya están y a los que se incorporen. No obstante, mi criterio es que no son afectados, y sería un abuso de parte de las autoridades del INSS de no pagar el subsidio a los asegurados facultativos que estaban inscritos antes del 19 de enero y que cumplían con los parámetros establecidos por el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

error: Content is protected !!