10 mayo, 2021

Una Navidad sin tregua y se profundiza la indefensión jurídica de los nicaragüenses

Foto de Carlos Herrera, Confidencial / NM

María Teresa Blandón

Tan solo durante los últimos cinco días familias de jóvenes asesinados durante la protesta social del 2018, familiares de los más de 114 presos y presas de conciencia, defensores y defensoras de derechos humanos, activistas azul y blanco en diferentes ciudades del país, fueron asediadas por efectivos policiales. En algunos casos las viviendas fueron allanadas en busca de las peligrosas calcomanías que demandan la liberación de todas las personas secuestradas por el régimen.

Junto al asedio policial y las amenazas directas ejecutadas por paramilitares, el régimen completó el proceso de aprobación de cuatro leyes que, en abierta violación a la Constitución pretenden impedir que la ciudadanía ejerza su derecho a la libertad de expresión, de organización y participación en los asuntos públicos del país. Los rótulos colocados frente a las instalaciones de las ONG que fueron allanadas en diciembre del 2018, asignándolas al Ministerio de Salud, son también una amenaza directa para el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que han denunciado la violación sistemática de derechos humanos.

La indefensión jurídica en la que se encuentran las y los ciudadanos nicaragüenses es producto del control que el régimen Ortega-murillo ejerce sobre todos los poderes del Estado, incluyendo al poder legislativo en donde casi la totalidad de diputados y diputadas están al servicio del régimen.  Este estado de indefensión también se extiende al ámbito de la sobrevivencia cada vez más precaria para la mayoría de familias nicaragüenses que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

Frente al alza de los combustibles, de la energía eléctrica, del agua potable, de las multas de tránsito, de servicios que brindan las alcaldías, no existe ninguna instancia del Estado en donde se puede no solo reclamar, sino obtener fallos favorables a las y los usuarios. De tal manera, las propias instituciones del Estado despojan a la ciudadanía no solo de sus derechos civiles y políticos, sino de los cada vez más escasos recursos para sobrevivir en medio de una economía en crisis.

La reducción de pensiones para el reducido grupo de afiliados y afiliadas al seguro social; el deterioro creciente de los servicios públicos de salud; y el encarecimiento de los medicamentos a consecuencia del monopolio que ejercen empresas ligadas al régimen, incrementa la vulnerabilidad de la población frente a enfermedades endémicas y el COVID19 que como sabemos está en expansión.

En este panorama más bien desolador e incierto para la mayoría de nicaragüenses independientemente de sus preferencias políticas, ha sido crucial la solidaridad y la capacidad de respuesta que han demostrado las familias, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos de cooperación que durante más de cuatro décadas han apoyado al pueblo nicaragüense.

La preservación y ampliación de estas redes que no comercian con la dignidad de la gente y sus derechos, es de vital importancia no solo en tiempos de crisis, sino para participar en la construcción de una vigorosa democracia en donde todas y todos los nicaragüenses recuperemos la condición de ciudadanos y ciudadanas que nos ha sido arrebatada.

María Teresa Blandón

Palabras Francas | Para que no se las lleve el viento, columna semanal de María Teresa Blandón.

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