14 mayo, 2021

El Estado convertido en feudo para chantajear a la ciudadanía

María Teresa Blandón

La mejor y talvez la única manera de luchar contra una dictadura del signo que sea, es alimentar un pensamiento y una práctica verdaderamente democrática; proceso que resulta sumamente difícil, precisamente porque venimos de una cultura profundamente autoritaria que viene de muy lejos, pero que se ha profundizado durante los últimos años.

En una sociedad democrática, el Estado tiene una responsabilidad principal en la búsqueda del bien común, para lo cual crea y fomenta mecanismos de diálogo y concertación con la pluralidad de actores de la sociedad, sin exclusión alguna.  En estas condiciones, la ciudadanía ve en las instituciones públicas, un lugar de referencia seguro y estable para defender y ejercer los derechos contenidos en la Constitución.

En Nicaragua ocurre todo lo contrario. El Estado bajo el control del régimen Ortega-Murillo es el principal responsable de fomentar la exclusión, la intolerancia y la polarización política que como sabemos, es la base de la violencia. Los funcionarios públicos adscritos al Frente Sandinista, utilizan los recursos del Estado y el poder que se les ha asignado, para chantajear a la ciudadanía.

Obtener un empleo, recibir una beca de estudio, lograr que te suban el salario o que te entreguen tu cancelación laboral en una institución del Estado, ganar una licitación pública, recibir un bono productivo o un simple paquete de comida, obtener un récord de policía y hasta participar en eventos de moda, se ha convertido en un perverso intercambio en donde los supuestos beneficiados deben declarar fidelidad a sus benefactores rojinegros, haciendo desaparecer la más mínima noción de derechos.

Tan hondo ha calado semejante perversión del carácter y funciones de las instituciones públicas, que mucha gente prefiere no recurrir a estas incluso en situaciones de enorme gravedad; entendiendo que es más efectivo hablar con el secretario político o el coordinar del CPC para resolver demandas que les corresponden a las instituciones públicas. Durante 14 años consecutivos hemos visto a los activistas del Frente Sandinista, usurpando la función y los recursos del Estado, para erigir a Daniel Ortega y Rosario Murillo como los salvadores.

En la otra cara de la moneda, están los ciudadanos y ciudadanas que no se someten al chantaje político, exigen respeto a sus derechos y atención efectiva a sus demandas, a sabiendas que llevarán las de perder porque lo que debería ser un servicio público sin tintes partidarios, se ha convertido en el feudo privado del régimen Ortega-Murillo.

Cambiar esta cultura del chantaje por una en donde las instituciones del Estado no estén bajo el control de ningún partido político, y los funcionarios públicos ejerzan su labor con estricto apego a la Constitución y las leyes, debe ser uno de los objetivos prioritarios del nuevo gobierno.

Las y los nicaragüenses no debemos olvidar que, con el fruto de nuestro trabajo y el pago de nuestros impuestos, somos quienes aseguramos el funcionamiento de las instituciones públicas, incluyendo el pago de salarios de la presidencia -que por cierto en plena crisis económica gastarán un millón de córdobas cada día; de las y los diputados que ocupan su tiempo en la aprobación de leyes en contra de la ciudadanía; de magistrados y jueces que niegan el acceso a la justicia.

Los grupos de la oposición que aspiran a acceder al gobierno en las próximas elecciones, deben asumir un claro compromiso con la recuperación de las instituciones del Estado, para garantizar los derechos de toda la ciudadanía sin exclusión.

María Teresa Blandón

Palabras Francas | Para que no se las lleve el viento, columna semanal de María Teresa Blandón.

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