9 mayo, 2021

Al año, en Nicaragua, ocurren más de mil 700 partos en niñas de entre 10 y 14 años y 35 mil en adolescentes

Infografía de Luis Sánchez Corea / NM

Juan Ramón Huerta

Lamentablemente Nicaragua ocupa lugares cimeros en América Latina en temas negativos como el índice de embarazos en adolescentes con un escandaloso índice de más de 1700 partos anuales en niñas de entre los 10 y 14 años, según comenta la especialista en el tema, Mayté Ochoa, en entrevista con Nuevas Miradas.

El país es un contraste de hechos, comentó la feminista y miembro del Consejo Editorial de Nuevas Miradas, María Teresa Blandón, porque mientras legislan con leyes represivas a la ciudadanía, “crecen de manera imparable las cifras de la pobreza y de la violencia en contra de las niñas” en un país donde el 41 por ciento de la población nicaragüense es menor de 19 años.

Blandón, al referirse al Informe Alternativo, Derechos Humanos de Mujeres y jóvenes en Nicaragua, III reunión de población y desarrollo en América Latina y el Caribe presentado en el año 2018, indica que la mayoría de niñas, niños y adolescentes viven en hogares que cuentan con menos de dos dólares diarios para sobrevivir; sufren desnutrición en diferentes grados, tienen acceso restringido o no consumen agua potable y reciben una educación de mala calidad.

En el mismo informe que cita Blandón, el Fondo de Población de Naciones Unidas, registra que entre los años 2011 y 2015 ocurrieron un promedio de 1,705 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años. La mayoría de estas niñas provienen del campo, viven en hogares pobres y no llegaron a terminar la educación primaria.

Mayté Ochoa sostiene que este promedio anual de nacimientos en niñas debería ser tipificado como violación sexual, se trata de una violación sexual, una maternidad impuesta que deja a las niñas en un círculo de mayor vulnerabilidad”.

Lo que más lamenta Ochoa es que el Estado de Nicaragua, cuando sus representantes hablan en foros internacionales de derechos humanos, presentan una realidad distinta “y la verdad es que ese Estado ha abandonado a su suerte a las mujeres, a las niñas, a los y las adolescentes.

Y va con otra cifra mucho más alarmante aún, cuando indica que en el caso de las adolescentes, el promedio anual de partos es de 35 mil, lo cual equivale al 25.6% de los partos totales del país.

En el informe citado por María Teresa Blandón, el representante adjunto del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó en su momento, que entre 2013 y 2015 se cometieron más de 15,000 casos de abusos sexuales en niñas y adolescentes menores de 17 años. Las niñas representaron el 34 por ciento de las víctimas y las adolescentes casi la mitad del total.

Fuente: Informe / IML de Nicaragua

Blandón sostiene que la mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro de las propias familias y vecindario cercano, siendo los agresores padres, padrastros, hermanos, tíos, cuñados, amigos, conocidos y maestros y Ochoa va más allá cuando afirma que existen casos donde el abusador asume la pensión alimenticia de la o el niño de la menor.

En estos casos, explican las especialistas, prevalece el miedo a los agresores, el temor a la reacción de las familias, las ideas conservadoras que tienden a culpar a las víctimas y la falta de crédito a la palabra de las víctimas, hace que la mayoría guarde silencio o hablen mucho tiempo después de ocurrido el abuso.

Fuente: Informe / IML de Nicaragua

Ochoa destaca que la labor del Minsa de llevar estadísticas actualizadas ha permitido, como lo indica el informe del 2018, que para el primer semestre del 2015, únicamente en el municipio Tuma-La Dalia, 519 niñas menores de 14 años fueron embarazadas. Entre los principales problemas que enfrentan se encuentran anomalías en la colocación del feto, asfixia intrauterina, anomalías congénitas.

En ningún caso el gobierno contempla el aborto terapéutico, ni asegura atención a las niñas para tratar el trauma del abuso sexual y del embarazo forzado; tampoco hay ninguna medida de reparación a las víctimas. En el colmo de la insensibilidad algunas niñas reciben presiones para inscribir a las criaturas con los apellidos del abusador, como en los peores tiempos de la inquisición, indicó María Teresa Blandón en su columna radial.

El profesor Jorge Mendoza, director del Foro de Educación y miembro de la Codeni, explica que las circunstancias que vive el país han hecho que los índices del trabajo infantil con el consecuente mal trato a la niñez y la adolescencia hayan aumentado en Nicaragua, antes y mucho más, después de la  crisis del 2018.

Las niñas que viven en hogares pobres del campo y la ciudad, también se ven obligadas a asumir una pesada carga de trabajo dentro y fuera de sus hogares. Acarrear agua, lavar, cocinar, cuidar criaturas, vender en las calles, hacer trabajo doméstico para otras familias, forman parte de una cadena de explotación y de maltrato que les niega la posibilidad de vivir una infancia segura y con oportunidades para su desarrollo integral.

En consonancia con Mendoza,  María Teresa Blandón estima que el régimen Ortega-Murillo a pesar de la existencia de un código que reafirma el deber del Estado de proteger el interés superior de niñas y niños, no cuenta con una política integral de atención a la niñez nicaragüense. Se han pasado más de una década improvisando programas de corto plazo que no han estado a la altura de las necesidades de casi la mitad de la población nicaragüense a la cual solemos llamarle el futuro del país.

“El propio código de la familia aprobada en el 2013, deja en manos de las familias pobres o atrapadas en la violencia, la responsabilidad exclusiva de velar por niñas y niños, lo que significa un virtual abandono por parte del Estado. Esta deuda deberá ser saldada cuando por fin tengamos un gobierno democrático y una sociedad consciente de la humanidad y de los derechos de las niñas”, sostiene Blandón.

 

Juan Ramón Huerta

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