14 mayo, 2021

Ortega crea polvorín con ley de regulación de agentes extranjeros y llueven reacciones

Juan Ramón Huerta

La ley ordinaria sobre regulación de extranjeros en Nicaragua divide a la sociedad en nacionales y apátridas fueron las primeras reacciones de rechazo este martes luego que el gobierno anunciara la iniciativa para llevarla a la Asamblea Nacional donde la mayoría parlamentaria la tiene el partido en el poder.

Paralelamente más de cien organizaciones no gubernamentales se pronunciaron por la tarde de este martes para calificar como “aberrante” la propuesta de la bancada oficial que “pretende tener un control total de sus adversarios políticos”. Es la segunda ley que crea el gobierno para aplacar las presiones internas en su contra.

Iniciativa tiene nombres y apellidos

El abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más declaró que dicha iniciativa de ley trae mensajes directos a probables candidatos de unas hipotéticas elecciones en el 2021 con la idea de inhibirlos, un contrasentido jurídico porque “una ley ordinaria no puede pasar por encima de la Constitución” explicó.

Los firmantes de las más de cien ONG dicen en su pronunciamiento que dicha iniciativa “pretende ser una arma más de un Estado policial contra la sociedad civil porque no solo pretende violar nuestros Derechos Constitucionales como el derecho a la privacidad de nuestros datos, nuestro derecho al trabajo y la libertad de asociación, sino que el Gobierno de Nicaragua ahora prosigue con su afán de partir a

Nicaragua, entre quienes simpatizan o no con el gobierno de turno, dando a estos últimos la obligación de declarar sus movimientos de fondos, actividades y vínculos laborales”.

Medios y periodistas en la mira

El periodista Alfonso Malespín declaró en entrevista con Radio Camoapa, en el centro del país, que la ley atenta contra las libertad de expresión y de trabajo porque inhabilita a nacionales que trabajan para organismos externos, divide a los nicaragüenses entre quienes son nacionales y los apátridas por la sencilla razón de recibir salarios de organismos extranjeros.

Lamentó Malespín que los principales afectados serán los medios de comunicación que reciben apoyo, “por un centavo que sea” de amigos y organismos que apoyan la libertad de expresión.

Estado avasallador

Las ONG expresan que “el Estado de Nicaragua nos avasalla al vernos como ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses bajo sospechas de trabajar como “agentes extranjeros” con el supuesto fin de “poner en riesgo la seguridad” de nuestro país.

Critican que la iniciativa de ley no está respaldada por ningún estudio o análisis de riesgo, pero sí insiste en que cualquier persona que reciba dinero del exterior, sea persona natural o jurídica, debe registrarse ante el Ministerio de Gobernación (Migob) y someterse a seguimiento financiero de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). “Esto último es una violación gravísima a los derechos humanos, y sobre todo, en un contexto de cada vez mayor polarización, someterá a la violencia política a cientos de activistas de derechos humanos en Nicaragua”.

Se agranda brazo de la represión

El doctor Gonzalo Carrión considera que esta iniciativa de ley es la continuación de 29 meses de persecución y represión contra el pueblo nicaragüense porque también atenta contra sus derechos fundamentales de participación  y organización ciudadana.

Las ONG en su pronunciamiento indican que “esta ley limita la participación política de los movimientos, organizaciones, asociaciones, e incluso iglesias que, por distintos motivos y con diferentes objetivos, reciban algún apoyo financiero externo para la ejecución de proyectos de desarrollo en las comunidades, lo cual contraviene el considerando V de este mismo Anteproyecto de Ley que indica: “Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos”.

 

 

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