21 octubre, 2021

“Es un crimen politizar la medicina, más aún en medio de esta terrible pandemia”, le escriben a Ortega

Nuevas Miradas

La arremetida del gobierno de Daniel Ortega contra los médicos de Nicaragua inició en abril de 2018 a raíz de la insurrección de los jóvenes. Si se juntan los años de experiencia de los diez médicos especialistas corridos en ese momento más los doce que ha despedido en junio, este gobierno se ha dado el lujo de desechar 380 años de experiencia en los principales hospitales del país.

El personal médico cesanteado en abril ascendió a por lo menos veinte, entre especialistas, particularmente del hospital escuela Oscar Danilo Rosales de León, mientras en junio, la totalidad de despidos fue de 12 especialistas de los hospitales Manolo Morales, Lenín Fonseca y Solidaridad.

Lo insólito de esta acción muy criticada por organismos de derechos humanos nacional, particularmente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh es que las capacidades profesionales médicas en los hospitales de referencia nacional están copadas en el preciso momento de ascenso de la curva epidemiológica advertida por especialistas médicos externos.

El pecado de los médicos

La falta de atención o displicencia gubernamental movió a más de 700 médicos, principalmente de Managua, Oriente y Occidente a dar una campanada de alerta a inicios de junio al llamar a la población a una cuarentena voluntaria de la población, pero al gobierno no le gustó e inmediatamente convocó a ferias y otras actividades de aglomeraciones públicas aptas para el contagio.

Estas acciones continuaron con los despidos de los firmantes de la carta del llamado a la cuarentena y los médicos afectados enderezaron sus críticas contra el médico, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Salud, presidente de la Asamblea Nacional y cercano a la pareja presidencial, Gustavo Porras, de quien aseguran está detrás de los despidos.

Cenidh ha mantenido denuncia

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, inició una fuerte campaña de solidaridad a favor de los médicos, desde el año 2018.

Una decena de médicos de diferentes especialidades del hospital Oscar Danilo Rosales, Heodra de León, 5 médicos y enfermeras en el Hospital Humberto Alvarado de Masaya; diez trabajadores del Centro de Salud de Monimbó y el despido del doctor José Luis Borge, con más de 32 años de experiencia laboral del Departamento de Cirugía General y Urología del Hospital Lenin Fonseca de Managua, así como el permanente hostigamiento a trabajadores de la salud a través de campañas mediáticas tildándolas de traidores, golpistas y terroristas.

Entre los despedidos del Heodra se encuentran: doctora Amanda Jarquín Montalván, responsable de la clínica de VIH de los niños con 22 años de experiencia; doctor Gustavo Herdocia, jefe de cirugía plástica y reconstructiva con 32 años de experiencia y jefe de Docencia del Programa de Residencia de Cirugía Plástica; doctor Javier Pastora, Jefe de Cirugía, con 32 años de experiencia.

Doctora Rosario Esther Pereira Molina, jefe de Área de Registro del Cáncer, la cual es patóloga fellow en ginecopatología oncológica, miembro de este equipo con 12 años de experiencia; César Vargas, con especialidad de columna vertebral y cirugía articular, 33 años de experiencia; pediatra Edgar Zúñiga Trujillo, con 33 años de experiencia en la atención de pacientes y enseñanza médica; Yamileth Ruiz Carcache, jefa de anestesia del HEODRA, con 18 años de experiencia y con especialidad en el manejo del dolor, reza el informe del Cenidh de ese momento.

La nueva oleada represiva

En junio de 2020, entre los despedidos están la doctora Martha Bendaña; el cirujano oncólogo, Ignacio Molina; las internistas Martha Yadira Bendaña y Tania Munguía, y el cirujano hepatobiliar, Sergio López, todos del hospital Roberto Calderón o Manolo Morales.

También en el Hospital Antonio Lenin Fonseca fue despedida la doctora y anestesióloga María Nela Escoto; el cirujano general Adolfo Díaz Ruiz, renunció en solidaridad con sus compañeros despedidos, y horas más tarde el director ordenó el despido de su esposa, la radióloga Linda Barba Rodríguez.

Otros médicos despedidos fueron: el doctor Enrique Ocampo, oncólogo del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, conocido como “La Mascota”; el doctor Fernando Rojas, anestesiólogo del Hospital Bertha Calderón; la doctora Yamilet Sánchez, ginecóloga del Hospital La Trinidad, en Estelí; y la doctora Leonor Eugenia Morín, otorrinolaringóloga del centro de salud Francisco Morazán, en Managua.

Estos despidos se suman al del infectólogo Carlos Quant en el Hospital Escuela Roberto Calderón, en represalia por ser uno de los médicos más beligerantes ante la falta de respuesta oficial para prevenir y enfrentar la pandemia.

Antes, a finales de abril ya habían sido despedidos la doctora Luz Indiana Talavera con más de 28 años de experiencia en el Hospital Bertha Calderón. En junio, fue despedido el director del único centro de formación e investigación médica de la UNAN-Managua, el doctor Miguel Orozco.

Escritores, periodistas y artistas suscriben carta

Luego de la solidaridad nacional de distintos sectores, se avivó la escena internacional cuando más de 90 escritores entre quienes cuentan el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa; Salman Rushdie, Juan Villoro, Margaret Randall; periodistas y narradores de la talla de Martín Caparrós, Laura Restrepo, Mayra Montero, Alberto Salcedo Ramos; poetas centroamericanos como Julio Escoto, Luis Chavez, Jorge Avalos o activistas de derechos humanos como Bianka Jager.

En la misiva dirigida a Daniel Ortega y Rosario Murillo le expresan, “más de quince médicos, todos ellos profesionales de primera línea, con amplia experiencia y años de servicios en sus hospitales públicos, han sido despedidos en las últimas semanas sin explicaciones y de manera injustificada…”.

Contrastes irónicos

Mientras en todo el mundo las y los médicos han sido reconocidos por su heroico trabajo y los riesgos que han corrido en su valeroso tratamiento a los enfermos del COVID 19, en Nicaragua, su gobierno ha arriesgado a su personal de salud al no brindar equipos de protección adecuados e incluso rechazar donaciones de estos.

Su país, con cuarenta fallecidos, (48 según el Observatorio) tiene el récord más alto de muertes de médicos y enfermeras en Centroamérica”. “Como gobernantes y servidores públicos que son, pedimos que apoyen, respeten y protejan a su personal de salud, que se unan al reconocimiento mundial a la loable labor que desempeñan estos valientes y valiosos profesionales.

Quienes aquí firmamos condenamos los despidos a los médicos y cualquier otro acto que debilite más el precario sistema de salud de Nicaragua. Rechazamos categóricamente la manera de proceder de su gobierno que constituye un negro legado para el respeto y la libertad de expresión del gremio médico.

Demandamos que cese la persecución y que reintegren a los médicos a sus trabajos. Es un crimen politizar la medicina, más aún en medio de esta terrible pandemia. El pueblo nicaragüense no debe seguir enfermando y muriendo por contagio de un virus que, siguiendo las medidas adecuadas, puede prevenirse. En medio de esta pandemia, salvar la vida de su pueblo debía estar por encima de cualquier otro interés y consideración”, expresan los suscriptores de la carta.

En Nicaragua, se dio a conocer este jueves una encuesta de la firma encuestadora Cid Gallup e indica que “uno de cinco de los entrevistados dice conocer a por lo menos una persona que ha contraído el Covid-19. El gobierno ha dicho hasta hace pocas semanas que “no llegaría la enfermedad a Nicaragua”, indica la encuesta de mayo de CID Gallup.

“Sin duda, parte de la desilusión con esta pareja (el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo) y la mala evaluación en la forma que gobiernan al país proviene de esta actitud. Hoy el presidente Ortega recibe la más alta opinión desfavorable como persona, entre más de 20 personas evaluadas, y Rosario Murillo está en segundo lugar”.

“En el plano electoral, la mayoría ahora sí dice que es muy probable que voten en las elecciones presidenciales del año entrante; creen que así es que se logra el cambio en el país. Sin embargo, expresan desconfianza en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y no le consideran capaz de organizar elecciones honestas en el país, por lo que la mayoría desea observadores internacionales para supervisar el escrutinio”.

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