13 junio, 2021

Gobierno espiará a los nicaragüenses como si pertenecieran al crimen organizado

Foto de internet / NM

Nuevas Miradas

La intervención del Estado a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones, Telcor, con siete personas de confianza avaladas por el gobierno en las estructuras de las empresas que prestan servicios telefónicos y de internet a los nicaragüenses fue calificada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh como un atentado contra “el derecho a la intimidad, privacidad, seguridad y libertad de expresión”.

Gobierno dará visto bueno a cadena administrativa clave

El acuerdo 004 2020 es una reforma al ya existente 006-2013 que disponía nombrar personal de confianza en las empresas. Ahora se amplía a siete personas en cargos de confianza como gerentes generales, jefes de sistemas, gerentes financieros, gerentes de interconexión y accesos, jefes de seguridad, jefes de mantenimientos de redes y gerentes jurídicos, es decir, el personal estratégico y sensible, lo cual quita toda independencia a las empresas de comunicaciones.

Población criminalizada

Este acuerdo, ubica a los nicaragüenses al mismo nivel de “peligro” que a los narcotraficantes y crimen organizado. Según el Cenidh, porque “obliga a los proveedores del servicio a facilitar en lo material y técnico la intervención de comunicaciones tal y como lo ordena el art. 65 de la Ley 735, de prevención, investigación y persecución del crimen organizado”.

El argumento legal del gobierno se ampara en que utilizan señales radiofónicas que son reguladas por el ente regulador, no obstante, el Cenidh lo ve como “una vigilancia cibernética que repercutirá en la criminalización de los considerados enemigos políticos; el gobierno va a determinar si una persona, organización, empresa o medios de comunicación, etc. a través de sus comunicaciones está cometiendo actos “subversivos”, si es así, procederán a poner una acusación para lo cual ya tendrán listos a los abogados sandinistas, agrupación que ellos formaron y que están listos para involucrarse en la represión”.

Empresas callan

La magnitud de la intervención es muy grave y curiosamente las empresas y la cámara que los aglutina guarda silencio hasta hoy, cuando según el Cenidh, “las empresas para nombrar a sus gerentes (de cualquier área) tienen que enviar la propuesta y son los órganos encargados del espionaje gubernamental, quienes van a decidir si esta persona se contrata o no. La empresa prestadora de servicios de comunicación, pierde la autonomía y su derecho a nombrar a sus propios empleados. Prácticamente así el gobierno garantiza un espía fiel que hará posible la acechanza sobre los usuarios, sobre sus correos, redes sociales y todo tipo de comunicación…”

Terrorismo de Estado en la comunicación

Por lo anterior, el Cenidh denuncia la instauración de este nuevo sistema de represión, es espionaje cibernético, es la instalación del terrorismo de Estado en la comunicación”.

El gobierno soslaya su obligación de cumplir con la “Constitución Política en su artículo 26, inciso 4 ‘toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo’.

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 12 y el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) en su artículo 17 también lo impiden: “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”, indica el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

error: Content is protected !!